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El diálogo social: un camino seguro en el desarrollo equitativo
Jaime Montalvo Correa

El pasado mes de Abril tuve el honor de participar en el Encuentro «Iberoamérica: hacia un nuevo horizonte», celebrado en Sevilla y cuya finalidad fue contribuir a la preparación de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Representa para mí un honor participar nuevamente en este proyecto iberoamericano, colaborando en el libro que se edita con motivo de dicha Cumbre y que, al igual que las anteriores, será muy fructífera para el desarrollo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Una comunidad compuesta por 22 países que, a pesar de poseer características y realidades muy variadas, comparten importantes rasgos de su trayectoria histórica y cultural.

En los últimos años, tal y como se puso de manifiesto en el Encuentro de Sevilla, Iberoamérica ha experimentado avances importantes en los ámbitos social, económico, político y cultural, gracias a la instauración de la democracia en prácticamente todos los países de la región. Especialmente en 2004, los indicadores económicos de la región han sido muy positivos: crecimiento económico generalizado; control de la inflación; aumento de las exportaciones y de la inversión extranjera directa; saldo positivo de la cuenta corriente; y creación de empleo.

Todos debemos estar tremendamente satisfechos por estos avances de los últimos años. Ahora bien, no debemos conformarnos. Iberoamérica necesita seguir avanzando hacia modelos democráticos más estables, sólidos, incluyentes y participativos. En definitiva, la región debe hacer esfuerzos por mejorar la calidad de sus sistemas democráticos.

El mayor desafío de Iberoamérica a este respecto es el de hacer compatible desarrollo económico y cohesión social. Algo que hasta la fecha no ha sido posible debido, en parte, al tipo de crecimiento económico que se ha generado. Un crecimiento que se ha caracterizado por ser muy inestable y especialmente vulnerable a las perturbaciones, además de poco redistributivo. En consecuencia, el desempleo sigue siendo elevado, en torno al 10,5% en 2004, aunque hay países en los que dicho porcentaje es superior al 15% (tal es el caso de Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). Además, gran parte del empleo creado ha sido precario y dentro del sector informal de la economía. Como dato significativo baste señalar que desde 1990, el 66% de los nuevos empleos creados ha sido en el sector informal, y tan sólo el 44% de los nuevos ocupados tienen acceso a los servicios de la seguridad social.

Este tipo de crecimiento económico, junto a la carencia de un sistema de protección social universal, ha provocado efectos devastadores sobre la desigualdad y la pobreza de la región. Hasta el punto de que Iberoamérica es la región del mundo donde la distribución del ingreso es más desigual, incluso cuando se la compara con regiones más pobres como África Subsahariana. Según un estudio elaborado por el Banco Mundial, el 10% más rico de la población, acapara el 48% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre apenas tiene el 1,6% .

Los distintos índices de desigualdad (el de Gini y el de Atkinson) muestran, además, que entre 1990 y 2002 los países de la región han convergido hacia niveles más altos de desigualdad, incluso los que en años anteriores habían registrado niveles de desigualdad más bajos, como son: Costa Rica, Venezuela, Argentina, Paraguay, y El Salvador.

Los niveles de pobreza son alarmantes

El alto nivel de desigualdad ha provocado, a su vez, que los niveles de pobreza de la región sean alarmantes. En 2002, el 44% de la población de la región (es decir, 221 millones de personas) vivía en situación de pobreza. Y ese mismo año, en torno al 19% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema. Estamos hablando, en definitiva, de que un elevado porcentaje de la población de esta región cuyos ingresos que no les permiten satisfacer sus necesidades elementales.

Todo lo dicho hasta aquí pone de manifiesto que uno de los mayores e importantes desafíos a los que se enfrentan los países iberoamericanos es el de conseguir que desarrollo económico y cohesión social sean compatibles. De lo contrario, las democracias de la región pueden verse seriamente dañadas. El desempleo, la pobreza y la desigualdad fomentan la violencia, impiden el acceso a la política de los sectores más pobres y, en definitiva, favorecen la inestabilidad política. Todo ello desincentiva la inversión y el crecimiento de la economía, lo que genera, a su vez, mayor inestabilidad política y social.

Se trata, en definitiva, de un círculo vicioso, en tanto que a mayor desigualdad social y pobreza, mayores dificultades existen para garantizar crecimiento económico y estabilidad política. Y en estas circunstancias, más complicado resulta luchar contra la exclusión social.

Los países iberoamericanos, por tanto, deben luchar por conseguir que sus sociedades sean más ricas, equitativas, inclusivas y participativas. Sólo así podrán alcanzar unos sistemas democráticos de mayor calidad y estabilidad.

Y, para ello, es preciso fomentar, no sólo el crecimiento económico, sino también que dicho crecimiento sea sostenible, estable y que genere una riqueza que se distribuya socialmente. Asimismo, es necesario que los Estados emprendan políticas expresamente dirigidas a combatir los problemas que el mercado no es capaz de subsanar. Es decir, que lleven a cabo fuertes inversiones en gasto social y políticas de redistribución del ingreso, además, de implantar sistemas de protección social universales, hasta ahora escasos en la región. Sin olvidar, por otro lado, las políticas específicas para erradicar la desigualdad y exclusión social que afecta a colectivos determinados, especialmente la población indígena y las mujeres Sólo así se podrán garantizar mejores condiciones de vida para la población.

Estos objetivos requieren que los países iberoamericanos avancen hacia Estados democráticos estables, consolidados, y que permitan la participación de la sociedad civil organizada a través de mecanismos de diálogo social institucionalizados. Porque el diálogo social es fundamental para combatir la exclusión, para el entendimiento entre los distintos sectores, y para el enriquecimiento de la democracia. Permite que las organizaciones de la sociedad civil organizada puedan fortalecerse, canalizar sus demandas hacia el Gobierno, y llegar a pactos y acuerdos que facilitan la consecución de la paz social.

De ahí que el fortalecimiento y desarrollo de instituciones y mecanismos que promueven el diálogo social, sea, cada vez con más frecuencia, uno de los pilares más importantes de las políticas de cooperación al desarrollo. Se considera al diálogo social, como uno de los medios más eficaces para promover el respeto a los valores democráticos, los derechos fundamentales, y el desarrollo socioeconómico.

El Consejo Económico y Social de España (CES), organismo que tengo el honor de presidir, ya desde su creación en 1993, viene desarrollando una intensa actividad exterior de difusión de la experiencia española de concertación y diálogo social institucionalizado, que tantos beneficios nos ha reportado. Y dicha labor ha sido especialmente intensa en los países Iberoamericanos, por los lazos culturales que nos unen, y porque sus recientes procesos de democratización y consolidación democrática son todavía vulnerables.

Los tres principales objetivos de la actividad de cooperación exterior del CES en dichos países son: 1. Fomento del diálogo y acercamiento entre los agentes económicos y sociales. 2. Colaboración en la puesta en marcha de instituciones de diálogo y consulta. 3. Fortalecimiento de organizaciones sindicales, empresariales y otras organizaciones de intereses socioprofesionales.

Y para ello, se han emprendido distintos tipos de actuaciones: organización de seminarios y encuentros sobre las experiencias nacionales de diálogo social, programas de formación técnica especializada en el CES, acciones de capacitación técnica para elaboración de documentos consultivos, seminarios sobre temas monográficos, apoyo al diálogo en procesos de integración regional, realización de programas en marcos multilaterales de cooperación y talleres de capacitación técnica. En la organización y puesta en marcha de estas actividades el CES destinó, en el período 2002-2004, el 38% del total de recursos asignados a la acción exterior.

La política del CES en Iberoamérica se ha centrado en tres áreas geográficas bien definidas: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela); Mercosur ( Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil); y Centroamérica (República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá). Aunque también mantenemos relaciones bilaterales con algunos de estos países.

He de destacar la colaboración de otros importantes organismos en nuestra política de fomento y difusión del diálogo social institucionalizado, como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o el Banco Iberoamericano para el Desarrollo (BID). Y es que el futuro de Iberoamérica requiere del esfuerzo y trabajo conjunto de todos los organismos e instituciones implicados en el proyecto de fortalecimiento y consolidación democrática de la región.

Iberoamérica va a seguir siendo uno de los objetivos más importantes de nuestra política exterior. Y lo seguirá siendo hasta que sus democracias sean más estables y sus sociedades estén más cohesionadas. Y hasta que eso ocurra, seguiremos fomentando el diálogo social en la región, puesto que es una pieza fundamental para mejorar la redistribución de la renta, reducir las desigualdades, e impulsar el crecimiento económico. El diálogo social, en definitiva, puede contribuir muy positivamente a la estabilidad económica y social de Iberoamérica, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una región con una fuerte tradición de asociacionismo.

No quisiera terminar sin antes reafirmar mi optimismo ante el futuro de Iberoamérica. Los avances conseguidos en las últimas décadas deben servirnos de fuente de inspiración y de voluntad para seguir en esa línea de progreso. Pero para ello será necesario que se cree una voluntad firme de diálogo y consenso por parte de los actores más relevantes del ámbito económico, social y político. Y en ello, cumplen una función muy importante las Cumbres Iberoamericanas que, desde la primera que tuvo lugar en Guadalajara (1991), constituyen un marco ideal para debatir y reflexionar sobre el desarrollo político, económico-social y cultural de los países iberoamericanos. Ámbitos claves, todos ellos, para mejorar la calidad de los sistemas democráticos iberoamericanos.

Jaime Montalvo Correa es presidente del Consejo Económico y Social de España