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Chile, la Cumbre de la Cohesión
Miguel Ángel Moratinos

La cohesión social centrará la XVII Cumbre Iberoamericana, que reunirá a Jefes de Estado y de Gobierno en torno a una cuestión de gran trascendencia, como es la construcción de sociedades más justas y equilibradas, más avanzadas y seguras, en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

La promoción de la cohesión social es igualmente una de las prioridades compartidas en las relaciones de la Unión Europea con los países de América Latina y el Caribe, en el marco de las Cumbres Unión Europea-América Latina Caribe. En este sentido se pronunciaron los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones en Guadalajara, en mayo de 2004. Se mostraron decididos a adoptar compromisos concretos para combatir eficazmente la pobreza en ambas regiones y construir sociedades más justas e incluyentes. De igual manera, la Cumbre de Viena de 2006 reconoce el objetivo común de la cohesión social como cuestión prioritaria de las relaciones entre ambas regiones y acordó la organización de Foros entre la UE y ALC sobre cohesión social. Éstos se reúnen periódicamente para seguir la evolución de la situación socioeconómica, de las desigualdades sociales y analizar la respuesta de las políticas públicas nacionales e internacionales.

Desde el punto de vista de las sociedades, las diferencias en los niveles de cohesión social son muy amplias a ambos lados del Atlántico. La desigualdad en la distribución de la renta y en el acceso a los servicios básicos condicionan las posibilidades de progreso en materias educativa, sanitaria, protección socio-laboral… El avance y la modernización de estas políticas públicas constituyen el principal reto al que se enfrenta la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que se propone afianzar los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía.

Los programas de cooperación al desarrollo impulsados por la Unión Europea, y especialmente por España, tienen como objetivos prioritarios la lucha contra la marginación y la exclusión social. No obstante, su magnitud y persistencia en el tiempo ponen de relieve la necesidad de adoptar medidas y realizar esfuerzos adicionales. De ahí, la importancia de ubicar la cohesión social en el centro de las políticas públicas. Además, es conveniente que este esfuerzo se efectúe de manera colectiva y coordinada entre los Estados, así como a través de mecanismos multilaterales.

Para la aplicación eficaz de medidas políticas que afectan al ámbito ciudadano deben concurrir y concertarse alianzas con otros Estados y potenciar las instituciones multilaterales. Es un hecho de gran importancia para el futuro estratégico de nuestra Comunidad analizar los efectos y derivaciones de la desvertebración social y fijar objetivos, medios e instrumentos para corregir, desde el diálogo, la voluntad política y la cooperación efectiva, las fracturas sociales en el espacio iberoamericano.
Como se puso de manifiesto en el Seminario sobre cohesión social en Iberoamérica, convocado el pasado mes de junio en Madrid y organizado por la Secretaría General Iberoamericana, el crecimiento económico de nuestra Comunidad debe acompañarse de avances sociales y políticos, aportar recursos para estabilizar las libertades, la democracia, el Estado de Derecho, y para que se fortalezcan los sistemas económicos y el bienestar social.

En la Comunidad Iberoamericana de Naciones existen experiencias que nos indican que el desarrollo económico, sin medidas sociales y sin financiación estable del Estado, no garantiza por sí solo el crecimiento democrático, social, económico y cultural. No existe relación directa entre crecimiento económico y mejora del nivel de cohesión social.

Por tercer año consecutivo, América Latina y el Caribe registran niveles de crecimiento económico por encima del 4 por ciento, dato que convive con los del Banco Mundial que reseñan que un 10% de la población iberoamericana disfruta del 48% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre sólo percibe el 1,6 por ciento de esos ingresos.

Las diferencias y desequilibrios de renta, así como la inoperancia de políticas fiscales redistributivas, alientan la inestabilidad democrática y profundizan la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Las sociedades iberoamericanas, inmersas en un mundo global y tecnológico, se suman a la reivindicación de la sociedad civil global que aspira a un mundo más equilibrado y justo, donde se hagan efectivos los Derechos Humanos y la legalidad internacional.

Todas estas cuestiones conforman la espina dorsal de nuestra Comunidad que se siente unida en la diversidad; propuesta que ha situado a nuestra lengua en uno de los lugares más preeminentes de la cultura global, como se ha analizado este año en el IV Congreso Internacional de la Lengua, en Cartagena de Indias. La defensa de estos valores es un camino adecuado para transitar por la senda del crecimiento social y económico. Apremia situar la cohesión social como prioridad de las políticas públicas. No sólo por razones éticas, si no porque es también garantía de seguridad y de futuro.

Estas tareas requieren transformaciones profundas en un importante número de áreas de difícil y compleja enumeración. Este breve espacio sólo me permite analizar y comentar algunas reflexiones, muchas de ellas ampliamente debatidas, que deben servirnos para instrumentar medidas concretas e incrementar los niveles de cohesión social en la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Los sistemas tributarios deben ser más equitativos y proveer los recursos necesarios para la puesta en marcha de políticas sociales. La mejora en el acceso a la educación y el fortalecimiento de las organizaciones educativas redundará en sectores desfavorecidos y en mayores índices de igualdad de oportunidades. Evitará que las carencias educativas sean causa determinante en la persistencia de la pobreza y la exclusión social.

Las medidas tendentes a favorecer empleos estables y regulados, y mecanismos de protección social para las situaciones de desempleo, de jubilación o incapacidad laboral, avanzarán nuestro objetivo de crear sociedades más cohesionadas y justas, menos excluyentes. Los logros en materia de sanidad no pueden estancarse y se deben extender al conjunto de la sociedad, sobre todo, a poblaciones indígenas y rurales; núcleos que requieren de nuestra atención prioritaria.

En Iberoamérica encontramos importantes sectores de población que no tienen acceso a derechos y servicios básicos como la educación, la vivienda, la sanidad y el empleo. Situación que se agrava aún más en el caso de poblaciones rurales e indígenas, y se hace más crítica en mujeres, afrodescendientes y otros grupos especialmente vulnerables.

Todas estas realidades se han analizado y contrastado en las reuniones ministeriales y sectoriales, que contribuyen a que la Cumbre de Santiago de Chile se enriquezca con las aportaciones de un elevado número de actores políticos y de la sociedad civil. A los Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos les corresponderá en la XVII Cumbre fijar las estrategias y líneas fundamentales de actuación, así como concertar la política, los mecanismos y medios para corregir estos desequilibrios apremiantes.

El Gobierno español está firmemente comprometido con los esfuerzos en favor de la cohesión social de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, hecho que pone de manifiesto en las relaciones bilaterales, la Unión Europea y el sistema de Cumbres Iberoamericanas. El progreso social tendrá también un lugar destacado en las relaciones UE-ALC y en la Cumbre de Lima, prevista para mayo de 2008.

Las transformaciones del “cambio de época” no han reducido la brecha de las desigualdades en niveles de bienestar y desarrollo, en países y sociedades que aspiran a la cohesión social. Este objetivo requiere de voluntad política, concertación y cooperación efectiva; caminos para alcanzar una Cumbre exitosa en Chile.

Miguel Ángel Moratinos es Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.