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La mejor arma es el progreso social y económico
José Luis Rodríguez Zapatero

Los países que integramos la Comunidad Iberoamericana sabemos el valor que tiene que los pueblos puedan elegir democráticamente a sus Gobiernos. Muchos hemos sufrido, durante décadas, regímenes autoritarios a uno y otro lado del océano Atlántico.

Pero no basta con que haya un sistema de libertades y exista un Estado de Derecho, es necesario además que los Estados sean capaces de garantizar la dignidad de las personas. Lo que implica, en primer lugar y de forma inexorable, un compromiso firme en la lucha contra la pobreza y cualquier otra forma de exclusión social.
Problemas que son desgraciadamente universales porque se dan en todos los países.

Para luchar contra la lacra de la pobreza la mejor arma conocida es el progreso social y económico. Y en esta lucha hay que contar con el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional.

Esta es la principal obligación que tiene un Estado. Y no existen "recetas mágicas" ni siquiera únicas para conseguirlo. Los Gobiernos tienen que buscar cuál es el mejor camino para lograr el desarrollo de sus países, teniendo en cuenta sus potencialidades económicas. Como vienen haciendo el conjunto de los países iberoamericanos que, en un contexto generalizado de sociedades democráticas, están creciendo muy por encima de la media mundial. Aunque tampoco se puede ignorar lo mucho que queda por hacer.

Lo que es indudable es que hay una serie de medidas o actuaciones que tienen que servir como eje a los Estados en la realización de sus políticas públicas.
En primer lugar, hay que apostar por la publicidad y la transparencia en la gestión pública. Es la única forma de garantizar una utilización correcta de los recursos públicos. Así se contribuye, además, a acercar a los ciudadanos a sus gobiernos evitando el desapego a la cosa pública. Uno de los peores males de la democracia. Porque no hay verdadera libertad sin una sociedad informada y el Estado es el primero que tiene que hacerlo.

Es necesario reforzar el aparato institucional de cada país. Las Administraciones y, por supuesto, el resto de los poderes públicos representan lo colectivo frente a lo individual y se justifican plenamente cuando cumplen su función de actuar como instrumentos al servicio del interés general. La liberalización económica que se ha producido en los últimos tiempos no puede dar lugar a una desarticulación de lo público sino a un cambio de sus funciones. Si se deja a la iniciativa privada la prestación de servicios básicos, a cambio, el Estado asume el papel de garante de estos servicios frente a los ciudadanos.

Las políticas económicas que adopten los Estados tienen que ser compatibles con la conservación del medio ambiente. El desarrollo económico que deprede los recursos naturales se convertirá en una losa imposible de levantar para las generaciones futuras en las que también hay que pensar.

Igualmente no se puede concebir, en nuestros días, una política económica que no se base en el uso de las nuevas tecnologías. La brecha digital que se está abriendo entre los distintos países, y dentro de ellos entre sus ciudadanos, tiene forzosamente que cerrarse. Los Estados tienen que orientar sus inversiones hacía las tecnologías de la información y la comunicación.

Es necesario contar con la colaboración de los agentes económicos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, a través de la concertación social. Como sucedió en España a principios de la transición con ia firma de los llamados Pactos de la Moncloa que permitió que se pudieran adoptar duras medidas económicas, en el contexto de una fuerte crisis, sin que surgieran conflictos sociales.

Para poder sostener estas políticas públicas los Estados tienen que consolidar unos sistemas fiscales justos y eficientes. Un Estado, sencillamente, no puede cumplir sus funciones si no cuenta con recursos financieros estables y adecuados.

También hay que reforzar la seguridad jurídica y garantizar la vida y los bienes de las personas. Sin confianza en la aplicación de las leyes y en el funcionamiento del Estado de Derecho no se puede crear un tejido empresarial fuerte. Condición que también es necesaria para atraer inversiones del extranjero. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que profesionalizarse. Hay que hacer desaparecer las situaciones de impunidad frente al delito.

Tampoco se puede prescindir de la educación. Ningún país puede progresar si no forma a sus ciudadanos. Se tiene que generalizar la educación, especialmente de los niños y las niñas, y apostar por una formación cualificada y por la investigación científica.

Y la riqueza que se vaya generando tiene que redistribuirse para que beneficie a las personas más desfavorecidas mediante la aplicación de políticas sociales de inclusión que presten una especial atención a las mujeres y, en el caso de Latinoamérica, también a la población indígena.

Para andar este largo y difícil camino la mejor opción posible es la unidad. La integración de España y Portugal en la Unión Europea, que se produjo hace relativamente poco tiempo, en el año 1986, constituye un magnífico ejemplo. Nuestros dos países se han beneficiado extraordinariamente de la incorporación a un mercado común europeo y de las políticas comunitarias de cohesión social. Ayudas que ahora se destinan principalmente a los países recién incorporados.

Ésta es una vía que hay que explorar también en Latinoamérica donde ya hay experiencias de integración regional muy alentadoras. La integración económica permite adquirir peso en el entorno de una economía globalizada. Es un proceso por el que se debe apostar decididamente, abandonando prejuicios de carácter soberanistas, ya que acaba beneficiando a todos los países que se integran.

Los Estados, hoy como ayer, siguen siendo piezas imprescindibles en nuestras sociedades. Tanto a nivel interno como en la esfera internacional. Sin ellos no habría posibilidad de progreso de sus pueblos, lo que constituye, precisamente, su máxima responsabilidad.

José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Gobierno de España