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Inclusión social, un desafío de la realidad
Juan Carlos Rodríguez Ibarra

"La inclusión social y el desarrollo", el tema central de la Cumbre, me sugiere en primer lugar mi propia experiencia. Extremadura constituye hoy un magnífico ejemplo de inclusión pues ha tenido que hacer un gran esfuerzo de integración de sus ciudadanos y, además, incluirse ella misma en el concierto de regiones para poder desarrollarse plenamente. Probablemente en esa fase se encuentren hoy muchos países y, dentro de ellos, muchas regiones de la Comunidad Iberoamericana.

Después de haber conseguido la plena integración de la mayor parte de los ciudadanos en Europa, todas las regiones europeas hemos alcanzado unos niveles bastante razonables de desarrollo. Sin ánimo de imponer modelo alguno y en el pleno respeto a las particularidades de cada modelo de desarrollo, muchas regiones con amplia autonomía, es decir, con grandes competencias, tienden a explicar su experiencia en el ámbito latinoamericano con grandes dosis de suficiencia aunque con poco conocimiento de los procesos de descentralización americanos. Estos últimos no es que tengan un denominador demasiado común, pero la práctica totalidad de los países ha llegado a plantearse dicha vertebración de su Administración Pública y de sus instituciones de una u otra forma. En ese proceso han alcanzado profundidades dispares, pero no cabe duda que merece la pena el esfuerzo pues tiene importantes elementos a favor.

El fortalecimiento de las administraciones locales y de otras intermedias, generalmente regionales -Comunidades Autónomas en España, Estados, Departamentos, Provincias o Municipalidades en otros países iberoamericanos-, permite la aplicación de políticas de inclusión de forma más efectiva. Para ello es necesario que el grado de desarrollo del país y el perfeccionamiento de su sistema público lo permita.

En bastantes países iberoamericanos, a pesar de las enormes dificultades que aún subsisten, se ha conseguido un grado de desarrollo que les ha permitido afrontar algunas políticas redistributivas. Éstas, en muchos casos, tienen la forma de la prestación de servicios y desde Europa puede afirmarse que dicho modelo ha dado y está dando muy buenos resultados. Dicho modelo, no obstante, tiene sus limitaciones y sobre todo sus condicionantes. A partir de un estudio riguroso de todos estos factores es posible articular un modelo que paulatinamente consiga incluir a la mayor parte de la población en el proyecto conjunto que significa una sociedad más justa y más igual.

Los escollos pueden parecer infranqueables en algún momento, pero sumando a los recursos, que también son necesarios, otros factores como la confianza, la solidaridad interterritorial y el buen gobierno, es posible alcanzar unas cotas dignas de bienestar para la mayor parte de la población.

Frenar para avanzar al mismo ritmo

América Latina está dando pasos firmes en esa dirección, pues la apuesta por la democracia y la justicia social puede observarse en todos los idearios, en los programas de gobierno y en las manifestaciones ciudadanas. Los grandes proyectos en marcha de articulación de redes de protección social son elementos de la política de muchos de estos países que tendrían que estar más presentes en las agendas de todos los protagonistas del desarrollo. Los organismos financieros multilaterales, muy influyentes a este respecto, siguen estando demasiado absortos en lo económico, aunque parece que van ampliando su horizonte, por lo menos en sus declaraciones y publicaciones.

En la experiencia extremeña de cooperación con América Latina también se ha observado esta evolución. Si la mayor parte de los proyectos que financiábamos en los años noventa tenían que ver con servicios muy básicos en comunidades rurales, hoy recibimos una gran cantidad de proyectos relacionados con la inclusión social como elemento de desarrollo. Y, efectivamente, aunque el timón de los Estados esté dirigido fundamentalmente a la reparación de unas economías maltrechas, las administraciones públicas no pueden olvidarse de unos servicios que, en muchos casos, son urgentes para una gran parte de la población.

Me gusta repetir, sobre el caso extremeño, que nuestra experiencia se basa en algunos aciertos en la distribución del gasto público, pero probablemente el más importante haya sido la voluntad de avanzar todos juntos. Prestar atención a todos, incluidos los que van más despacio, reduciendo el paso al de éstos para que tengan más posibilidades de éxito. Ofreciendo oportunidades a los que no las tenían hasta conseguir que todos tengan las mismas. En ese camino nos encontramos y vamos a seguir profundizando en la atención a aquellos que tienen menos probabilidades de éxito, al menos de partida.

Desgraciadamente no todos los políticos en Europa piensan así. De hecho, en muchos lugares se está desmantelando un Estado del Bienestar que costó muchos esfuerzos levantar. Y la tendencia corre como un reguero de pólvora. En algunos países, nos vamos salvando muy probablemente porque tenemos gobiernos regionales, muy cerca de los ciudadanos, que han asumido esas competencias y ofrecen unos servicios sociales de calidad, tal y como nos lo demandan los ciudadanos. Aunque hay un fantasma que recorre Europa, el de las privatizaciones, la precariedad de los servicios, la vuelta al darwinismo social, a las distintas velocidades de desarrollo, en definitiva, a la desigualdad y la injusticia social.

Por ello, el enfoque realizado por esta Cumbre Iberoamericana en la inclusión social resulta doblemente importante. Por un lado es un indudable elemento de importancia crucial para el desarrollo social en los países de América Latina y, por otro, su proclamado "éxito" en los países europeos, al menos en bastantes sectores, está muy amenazado.

Inmigración, un hecho positivo

Además, no puedo dejar de exponerles el verdadero desafío de las políticas de inclusión en nuestros países, en nuestras regiones, un fenómeno que todos conocemos bien: la inmigración. De ser unos emisores de emigrantes durante siglos, hemos pasado a recibir multitudes que desde la pobreza, la violencia o, simplemente, buscando algo mejor, ingresan a raudales en nuestro país. Muchos proceden de África, del cercano norte, aunque cada vez más vienen desde el África subsahariana. Otros lo hacen de los países del Este de Europa y también de Asia, pero los mayores contingentes proceden de países latinoamericanos.

Después de algunos años en los que la afluencia crece año tras año, hemos podido constatar que el fenómeno es cualquier cosa menos negativo, aunque algunos hayan querido presentar lo contrario. Por un lado, los inmigrantes están ocupando parcelas del mercado laboral que acoge a cada vez menos nacionales y, por otro, rejuvenecen una población que envejecía a pasos agigantados. Sus hijos llenan unos colegios y juegan en unos parques que se estaban quedando vacíos. La conclusión es evidente, más aún si observamos el proceso de países más desarrollados que España, como Francia o Alemania, donde la inmigración (en gran parte española) impulsó su crecimiento hace algunas décadas.

No obstante, se plantean muchas situaciones cuya complejidad excede a los meros servicios públicos, fracasándose en muchos casos en facilitar la inclusión social de los inmigrantes. La razón puede que esté a veces en la capacidad de absorción cuando se producen ingresos indiscriminados y desordenados por todas las fronteras o el colapso de algunos servicios, pero en otras ocasiones está en la mentalidad hacia el extranjero, el diferente; e incluso, siendo francos, en la falta de sensibilidad de algunas instituciones. Quisiera aquí insistir en el hecho de que, para que se produzca una auténtica inclusión social de una persona o de un colectivo determinado, no es necesario únicamente que se disponga de los recursos necesarios, también hay un elemento de mentalidad que juega un papel determinante.

Extremadura, una región de emigrantes hasta hace muy poco, asiste a este fenómeno con serenidad, pues la llegada de personas procedentes de otros países es bastante progresiva. Por otro lado, son muchos los extremeños que esbozan una sonrisa cómplice cuando se cruzan con cualquier inmigrante. Resultaría trágico que un extremeño cuyo abuelo trabajó en Argentina se sintiera incómodo con un vecino argentino, por poner un ejemplo. ¿Cuántos españoles creen que hay y ha habido en América!?
Tengo que reconocerles que cuando pienso en ello, me acuerdo inmediatamente del exilio, del nuestro y de los exilios del otro lado del Atlántico, de todos los exilios. Pues si las migraciones por motivos económicos son un triste defecto del supuesto orden internacional, las migraciones o, más bien, la huida a causa de las propias ideas es una injusticia insoportable. En muchos de los procesos emisores de exiliados -y eso lo sabemos bien en toda la Comunidad Iberoamericana- se van los mejores. En 1939 se marcharon muchos intelectuales, poetas, ensayistas, editores, historiadores, filósofos, pintores, científicos, que enriquecieron la vida cultural de los países de acogida, mientras España quedaba estéril de mentes lúcidas.

Durante algún tiempo hemos estado recibiendo también en España a muchos que huían de la persecución política, gran parte de los cuales tomaron parte en nuestra transición a la democracia e incluso han participado o participan en las instituciones.

Sin embargo, muchos otros inmigrantes han recibido una acogida mucho más gélida. Contrasta esa reacción con aquellos que tomaban el barco hacia Buenos Aires, Caracas o Veracruz y, desde allí, a otros lugares, aquellos cuyo sufrimiento se enjugaba en los brazos abiertos de los que allí les recibían. Algunos hasta se movilizaron activamente para su acogida. La melancolía y la añoranza de la patria chica se diluía en un ambiente propicio para volver a empezar, o para preparar el retorno, por mucho que este se demorara.

Los exiliados de la guerra seguro que se plantearon su vida de forma provisional, pero cuando vieron que pasaban cinco, diez, veinte años, y seguía sin ser posible el retorno, el exilio comenzaba a convertirse en algo definitivo. Se establecían familias, los hijos crecían y comenzaban a organizar su vida. Los propios exiliados, plenamente integrados, desarrollaban su actividad en los hospitales, en las universidades, incluso en los gobiernos de muchos de los países que les habían acogido. ¡Qué gran contradicción, cuando se observa la actitud de muchos, hoy, en España, ante aquellos que forzados por la necesidad o las circunstancias arriban a nuestro país!

Del mismo modo, la intolerancia, la violencia y la anulación de las libertades provocaron un éxodo desde muchos lugares de América Latina hacia Europa. Un éxodo que había comenzado mucho antes de que en España se diera un régimen de respeto a los derechos fundamentales. París, Londres, Estocolmo o Roma recibían, en una reedición del exilio del pensamiento, a los intelectuales latinoamericanos que huían de la represión. Con mayor o menor suerte, también ellos tuvieron que instalarse en algún lugar, rodearse de su familia en los casos en que esta se hubiera podido desplazar, y comenzar a desarrollar su trabajo. Con el tiempo, muchos no volvieron, pues la situación de muchos países impedía que se dieran las garantías suficientes para su retorno.
El hecho primero que motivó el exilio seguía produciendo más sufrimiento después de pasados los años. Y en ese camino sin fin de esta infamia universal, siguen existiendo exiliados, asilados y desplazados procedentes de los cuatro puntos cardinales, desde los Balcanes, Asia Central, Oriente Medio o África.

Desde todos esos lugares llegan todos los días llamando a nuestras puertas exiliados políticos o intelectuales, inmigrantes económicos, todos mezclados en la misma tragedia, sin posibilidad de que se pueda distinguir a aquel que huye de la represión política del que lo hace de la hambruna. Pero, ¿es necesario distinguirlos, cuando todos vienen buscando lo mismo, un lugar bajo el sol en el que vivir en paz y ser feliz?

Las guerras de antaño producían sobre todo exilio político. Las de hoy provocan la huida en masa de las poblaciones. Desde África no llega casi nadie con su baúl de libros, sus títulos o sus publicaciones, aunque algunos las tengan. Llegan con lo puesto, cuando llegan. Y así, vemos a titulados superiores, científicos o artistas de Senegal, de Ghana o de Ruanda, que trabajan en los campos de fresas de Huelva o en los invernaderos de Almería, en el mejor de los casos.

Mientras tanto no parece que la comunidad internacional parezca tener una perspectiva clara de contribuir de forma contundente al desarrollo global, existiendo demasiados obstáculos para los que ya han emprendido su propio exilio, condenándolos al purgatorio, a vagar de frontera en frontera. Apátridas en barcos que no pueden atracar en ningún lugar, pateras atiborradas de personas o refugios que parecen cárceles. Tanta injusticia, tantas ilusiones frustradas y tanta infamia se presentan ante unas sociedades desarrolladas que, si observan detenidamente a los inmigrantes de hoy, verán el testimonio de los que sufrieron en el pasado.

Un neoliberalismo excluyente

Una vez más, creo que las dificultades para la integración no están sólo en los recursos necesarios, sino cierto discurso que comienza a calar entre amplios sectores de la población. Esa actitud de algunos ciudadanos que han comenzado a entusiasmarse con el discurso neoliberal de los que dicen "no tiene usted necesidad de tener que pagar impuestos a un gobierno que mantiene a una población pasiva cada día más numerosa". Este discurso ha ido calando y mucha gente contrata seguros médicos privados, planes de pensiones, envía a sus hijos a colegios privados, etc. Mientras tanto, los servicios públicos corren un serio riesgo de deteriorarse irreversiblemente. ¿Y los demás, qué? ¿Qué hacemos con los excluidos? No podemos entrar en ese juego de quién vende más barato. No se trata de ver quién baja más los impuestos, sino de saber cómo se mantienen determinados derechos, especialmente la educación, la sanidad, las pensiones y los servicios sociales básicos y especializados, ineludibles para que todas las personas puedan sentirse satisfechas de haber nacido y haber vivido en esta sociedad, todas, sin que sus condiciones de partida le condenen a una vida de segunda o de tercera. Esta tarea no es imposible, pero tampoco es fácil.

Para llegar a donde estábamos, o sea, a la definición práctica del Estado del Bienestar, tuvo que pasar mucho tiempo y, sobre todo, mucho esfuerzo por parte de movimientos sociales y partidos progresistas. Pasar de unas políticas de beneficencia a la confirmación de los derechos adquiridos por los ciudadanos no nos permite imaginar la posibilidad de una marcha atrás.
A pesar de los intentos de imponer un nuevo orden internacional basado exclusivamente en los valores del capital y de su siervo más fiel, el mercado, la mayor parte de los ciudadanos de nuestro planeta tiene una serie de valores y de derechos en común. Se respeten o no, todos somos perfectamente conscientes de nuestro derecho a una serie de servicios y de prestaciones, y eso no se puede derribar de un plumazo. Sin embargo, el reparto de la riqueza sigue siendo tanto o más desigual que en el pasado, en los países más pobres y también en los desarrollados, en los que sí que habíamos conseguido alcanzar unas cotas de protección más que razonables. Así, se da la necesidad de redimensionar, cuando no poner en cuestión, parcelas básicas del Estado del Bienestar, dada la aparición de nuevas formas de pobreza y procesos de dualización en sociedades desarrolladas.

Tan válido para nuestras sociedades más desarrolladas como cuando hablamos de la cooperación al desarrollo es el concepto de equidad, tanto desde el punto de vista económico como desde el político o el filosófico. Si las diferencias en el desarrollo están condicionadas por las desigualdades socioeconómicas, hay que lograr unos niveles que permitan el acceso de todos a los mismos instrumentos o recursos para necesidades similares. En la demanda de equidad en el acceso de servicios por parte de todos los ciudadanos de un mismo país subyacen los mismos principios que cuando lo demandamos para aquellos pueblos que viven en otro hemisferio, pero que también adolecen de una situación de flagrante necesidad. En nuestro entorno, sin olvidar que pertenecemos al mundo de los privilegiados, los sistemas sociales constituyen una vía de profundización en la libertad, la igualdad y la solidaridad. Hace ya bastante tiempo, distintos movimientos sociales y los partidos surgidos de su seno, comenzaron a formular una propuesta consistente en organizar una serie de servicios que atendiesen los problemas concretos de los ciudadanos que contribuyeran a convertir aquellas bellas ideas reflejadas en sus programas en realidades concretas. Así, la política de servicios sociales se ha configurado no solo como un elemento corrector de desigualdades sociales, sino como una política de promoción de las condiciones de igualdad entre los ciudadanos y de prevención de las desigualdades que conducen a la marginación social.
Esta clara voluntad política de extender y mejorar los servicios, así como el importante esfuerzo financiero realizado, han posibilitado la puesta en marcha de unas infraestructuras básica de centros y servicios, planificadas según criterios objetivos de territorialidad y población, y la extensión de los servicios de ayuda a domicilio y de otros servicios comunitarios. Ésta si ha sido una apuesta decidida por la vertebración social y la lucha contra la exclusión. Paralelamente, se produce un importante desarrollo de los servicios sociales especializados, dirigidos fundamentalmente a la atención de las personas mayores, con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, y otros colectivos en situación de necesidad. Además, algunos programas innovadores, como la mayoría de los destinados a las personas con minusvalía, por poner algún ejemplo, abren nuevas fronteras en la mejora de la calidad de vida de la población y también en el estímulo de la actividad económica, la recuperación de sectores en crisis, el desarrollo local y la generación de empleo. Lo mismo puede decirse de los programas de prestaciones técnicas, que han impulsado el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la autonomía personal, a la accesibilidad de ciudades y edificios, a la mejora sustancial de los equipamientos de movilidad y transporte y a la ruptura de barreras de comunicación.

Necesitamos una amplia equidad

En regiones como Extremadura, donde los servicios sociales son una prioridad evidente para su gobierno regional, se abren nuevas vías de actuación como la acción concertada, incorporando al esfuerzo de mejora de las infraestructuras de centros y servicios a la iniciativa privada y al movimiento asociativo, el cual ha jugado un papel importantísimo en la implantación y desarrollo de las políticas sociales; la colaboración con la Universidad, que ha hecho posible la puesta en marcha de programas de formación de postgrado dirigidos a preparar profesionales capaces de integrarse en equipos de trabajo interdisciplinarios relacionados con la planificación, gestión y evaluación de programas y servicios sociales, estimulando la apertura de nuevas líneas de investigación para conocer mejor las demandas y necesidades de los sectores atendidos; y el desarrollo de una importante actividad de cooperación internacional, participando en numerosos programas e iniciativas de dimensión europea y estableciendo esquemas de cooperación con otros países de América Latina.

Los estados, entendidos como correctores de las desigualdades y generadores de cohesión social, tienen que hacer un importante esfuerzo en la asignación de recursos a los sistemas públicos de servicios sociales. Sólo así se podrá dar una respuesta adecuada al incremento de la demanda de servicios que se ha producido como resultado de una mayor exigencia de la sociedad: la extensión de la conciencia de ser ciudadanos de derecho y el crecimiento de una oferta de servicios que ha hecho aflorar muchas necesidades sociales que habían permanecido latentes.

Como afirmaba anteriormente, el desarrollo del Estado del Bienestar está en España indisolublemente ligado al del Estado de las Autonomías, como otro proceso a largo plazo que se está llevando a cabo en nuestro país. La coordinación necesaria y la cooperación voluntaria de todas las políticas sociales entre el Estado, las CC. AA. y las corporaciones locales no son aspectos meramente técnicos, sino que tienen una trascendencia política de primera línea. De esto depende el avance en la efectividad de muchas políticas sociales y, de no conseguirse, perpetuará la desigualdad en la provisión de servicios de bienestar entre los diferentes territorios del Estado. Entendiendo que la base de nuestra política debe ser la igualdad y la justicia social, y su modelo el Estado del Bienestar, algunos consideramos que hay que seguir ofertando más de lo mismo: más educación, más salud, mejores pensiones, más empleo, mejores viviendas, más y mejores servicios sociales. Todo ello según los principios de integración social, cobertura frente a los riesgos de exclusión, búsqueda de la estabilidad social y universalización de los servicios sociales pues, como ya se ha dicho en varias ocasiones, éstos constituyen un derecho irrenunciable de todos los ciudadanos.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra
es Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, España.