Ponernos frente al espejo
Óscar Arias Sánchez
En el vasto reino de lo que debería ser, en la verde comarca de las buenas intenciones, siempre habrá un remanso para los propósitos del Estado. No es de extrañarse que así sea. La noción que subyace a la existencia de los Estados, sus raíces históricas y filosóficas, responden a uno de los más excelsos ideales que haya dado en perseguir la humanidad entera: la convicción, afincada en lo más hondo del corazón humano -en donde reside nuestro incansable Quijote- de que los hombres y mujeres son capaces de organizarse en libertad y regir su convivencia pacífica bajo el mandato de su propia soberanía, procurando así un mayor progreso y un mayor desarrollo para la ciudadanía.
Esa idea de Estado no constituye una quimera, pero hemos de reconocer, en honor a la sinceridad, que tampoco constituye una realidad plenaria. Al menos no en todos los Estados del orbe, y definitivamente no en todos los Estados de Iberoamérica. Confrontados con el espejo, encarados con la verdad desnuda de sus circunstancias, es probable que muchos Estados queden en deuda frente a esa inmensa expectativa que sobre ellos ha puesto la historia: la que dice, como el título de este mismo capítulo indica, que los Estados cargan con la responsabilidad de hacer progresar a sus sociedades. Esta expectativa no es tautológica, aunque nos gustaría creerlo, y en algunas partes del mundo parece incluso ser una exageración. Por lamentable que sea, existen todavía muchas regiones en donde las naciones son gobernadas por Estados cuya existencia pretende justificarse per se, cuyos habitantes no reciben los servicios que merecen por su contribución fiscal, cuyas poblaciones se encuentran constantemente abatidas por el hambre, por la miseria, por la inseguridad, por la ignorancia y la enfermedad, frente a una aparato estatal esclerótico y entrabado o, en el peor de los casos, terriblemente corrupto. Existen Estados que llevan 20 o 30 años de haber encallado en cierta estación del progreso, sin realizar avance alguno.Y existen, también, Estados que van en franco retroceso.
Las razones para este divorcio entre realidad de los Estados y expectativa histórica de los individuos son muchas y complejas, y exceden la intención de este artículo. Sencillamente mencionaré dos que considero fundamentales: la crónica negativa de los Estados a reformarse, conforme con las exigencias de sus pueblos; y el enorme gasto militar de los Estados, que socava las demandas más elementales de sus individuos.
Al decir reforma y modernización del Estado, en Iberoamérica se tiene la idea, imprecisa pero históricamente fundada, de que se está empleando un eufemismo para designar mecanismos de reducción del aparato estatal y despidos disfrazados bajo nombres amigables. Hace algunos años, una percepción distorsionada de la delicada tarea que significa modernizar el gobierno, generó consecuencias que alentaron la suspicacia de los pueblos y que han hecho particularmente difícil emprender cualquier cambio desde entonces.
Recelosos frente a los proyectos de reforma gubernamental, los ciudadanos han cometido el error de creer que el riesgo de sufrir una reforma estatal negativa, o socialmente perniciosa, es lo suficientemente elevado para justificar la permanencia del statu quo. Ello ha obstaculizado el progreso de muchos países y ha generado una acumulación de ajustes que hacen urgente la reforma y la modernización profunda de algunos de nuestros Estados.
Las acciones de reforma son urgentes y necesarias, pero debemos estar conscientes de que es irracional y riesgoso confundir la rectificación del papel del Estado con una mutilación indiscriminada de sus capacidades, inclusive de aquellas necesarias para llevar a cabo funciones como la redistribución de la riqueza, el combate a la pobreza, la integración social y la inversión en capital humano e infraestructura, que el mercado difícilmente puede realizar.
La reforma que emprendamos debe ser, por tanto, éticamente defendible, y pasa siempre por privilegiar al ciudadano por sobre la administración, y por entender que es la gente de carne y hueso la que da razón de ser a cualquiera de los esfuerzos gubernamentales. Un Estado que ponga al individuo en el centro de sus políticas públicas y esté al servicio de las personas, es el primer paso de nuestra gobernabilidad y es el primer paso para lograr esa importante transición desde la expectativa hasta la realidad, que solo lograremos si conservamos en nuestro caudal político, una amplia disposición para la reforma y para el cambio.
Y ese Estado que pone al individuo en el centro, debe admitir una verdad incontrovertible: las necesidades del individuo no se agotan en su seguridad. Esto quiere decir que privilegiar el gasto militar por sobre las otras demandas de los habitantes de una nación constituye no sólo un acto de miopía, sino de lesión a la dignidad humana.
Ciertamente no es un blasón de honor para nuestra especie que el gasto militar mundial haya sobrepasado en el año 2006 un billón de dólares, una cifra similar a la que tenía en términos reales al acabar la Guerra Fría, y que represente ocho veces más que la inversión anual requerida para alcanzar en una década todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todos los países del mundo.
Nuestra región no escapa a este fenómeno. En el año 2005, los países latinoamericanos gastaron casi veinticuatro mil millones de dólares en armas y tropas, un monto que ha aumentado un 25% en términos reales a lo largo de la última década y que ha crecido significativamente en los últimos dos años. América Latina ha iniciado una nueva carrera armamentista, pese a que nunca ha sido más democrática y a que prácticamente no ha visto conflictos militares entre países en el último siglo. Mientras, hay más de doscientos millones de latinoamericanos viviendo en la pobreza, ochenta de los cuales viven en pobreza extrema; uno de cada tres jóvenes no asiste nunca a la secundaria y sólo una décima parte de ellos podrá graduarse de la Universidad; millones de personas mueren todos los años por enfermedades prevenibles; el agua potable es para unos un lujo, más que su derecho elemental.
No puede argumentarse seguridad nacional, frente a un pueblo cuya mayor amenaza no son las bombas que caen del cielo, sino la comida que falta en la mesa; a un pueblo cuyo temor no es el ataque de un país extranjero, sino del dengue, el cólera, el SIDA o la malaria.
Reconocer esto, ponernos frente al espejo, es el paso indispensable para que nuestro Estado sea, verdaderamente, instrumento del progreso de nuestros pueblos. Ni el gasto militar ni la prolongación indefinida de nuestras perentorias reformas estatales, serán las que lograrán traducir las legítimas expectativas de nuestros ciudadanos en realidades palpables.
Óscar Arias Sánchez, Premio Nóbel de la Paz, es Presidente de la República de Costa Rica
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